Santiago, 23 de julio de 2026

En el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile se llevó a cabo el seminario “Cooperative Research, Evidence-Based Policy: The Global South Enabling its Just Transition”, organizado por RESET Network, en colaboración con Vinken y la Escuela de Ingeniería UC.

El objetivo de este evento fue reunir actores clave del sector público y privado de Chile, para mostrar la colaboración y casos de éxito de soluciones concretas que promueven transiciones energéticas justas.

La actividad comenzó con una presentación sobre RESET Network por parte de Luis Fernández Intriago, Economista Senior del Fondo de Defensa Ambiental y coordinador de la red.

El asesor de Políticas Públicas de CLG Chile, Matías Cáceres Habit, participó como speaker en un bloque de diálogo entre los investigadores de RESET y actores del sector público, privado e institucional, representando al sector privado como tomador de decisión. Este bloque se enfocó en abordar la articulación efectiva entre la investigación técnica con la implementación de políticas de transición energética justa.

En esta conversación también participó María José García, gerente del Proyecto PMI Chile del Ministerio de Energía y Nicolás Cerón, analista de Políticas e Instituciones de la División de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía.

En este espacio, Matías Cáceres Habit manifestó que “la pregunta entre las empresas miembro de CLG Chile ya no es si invertir o no en la transición, sino que ahora la discusión es qué, dónde y cuándo, y estas son preguntas que requieren evidencia. No se pueden responder solo con ambición, necesitan información. El verdadero desafío de este panel es, en realidad, convertir la ambición en acción”.

El asesor profundizó e identificó tres necesidades que se requieren desde el sector privado:

“Primero, la previsibilidad regulatoria basada en evidencia compartida. No se puede financiar un activo a veinte años con una señal a cuatro años. Segundo, una base de evidencia compartida y confiable. Las empresas, los reguladores y los inversionistas deben

trabajar con las mismas cifras. Y en tercer lugar, la oportunidad. Los comités de inversión no esperan la revisión por pares. La evidencia que llega después de la decisión es historia, no información”.

Cáceres agregó que “la investigación rigurosa, transparente y oportuna reduce las primas de riesgo provocadas por la incertidumbre y probablemente sea el instrumento de mitigación de riesgos más económico del que disponemos”.

Por su parte, Nicolás Cerón mencionó que la transición energética es un ejemplo de cómo el cambio climático no solo es un desafío para Chile, sino que también puede ser una oportunidad.

“La evidencia es muy importante para tener un entendimiento profundo a la hora de hacer política pública. En Chile tenemos más capacidades para la transición. El desafío es alinearse a largo plazo. La evidencia tiene que ser traducida para que todos los tomadores de decisiones puedan entenderla”, agregó Cerón.

Para la gerente del Proyecto PMI Chile “es muy importante que los resultados de la investigación lleguen a tiempo a los tomadores de decisiones y a los que hacen política pública”.

María José García añadió que la evidencia para el impuesto al carbono está ahí pero cada vez que cambia la administración, las prioridades también cambian. Además, declaró que elevar ese impuesto es muy complejo porque incluye trabajo conjunto entre tres ministerios (Medio Ambiente, Economía y Energía) por lo que coordinar a los tres en la misma ruta es muy difícil.

Sobre qué soluciones están surgiendo que deberían amplificarse, el asesor de políticas públicas de CLG Chile abordó tres mecanismos ya en marcha en nuestro país:

“La arquitectura de fijación de precios del carbono está madurando, paso a paso, y cada paso se basó en evidencia. Chile pasó de un impuesto verde fijo a un sistema de compensación regulado, el SCE, nuestro primer mercado de carbono regulado”.

En este aspecto, destacó lo hecho en marzo por Codelco, empresa miembro de CLG Chile, la que compensó el 100% de las emisiones gravadas de una de sus divisiones mediante certificados de un parque eólico chileno, transacción que envía una señal de demanda a todo el ecosistema.

Matías Cáceres también señaló que existen “canales formales donde el sector privado y la evidencia se encuentran dentro del proceso político. El mes pasado, CLG Chile fue designado como uno de los diez miembros del Consejo Asesor para el Plan de Mitigación y Adaptación Climática del sector energético. Las empresas ya no comentan sobre las políticas desde fuera, sino que participan activamente en el proceso, y lo que aportan debe ser evidencia, no opinión”.

Como último punto, indicó que “el ecosistema de las finanzas sostenibles está generando demanda de evidencia verificable como normas de divulgación, taxonomías y planes de transición exigidos a los inversores. Algo positivo, pero solo si la evidencia subyacente es creíble”.