Santiago, 24 de junio de 2025

Las alianzas público-privadas fue el módulo que abordó Matías Cáceres Habit, asesor de Políticas Públicas de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG-Chile), como Profesor del Diplomado en Integración Regional y Diplomacia Energética (DIRDE), ofrecido por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile.

Para dar contexto a su clase, el también economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile partió mencionando qué es CLG Chile, sus objetivos y actividades. También, dedicó una parte a la crisis climática y la economía.

Cáceres señaló que para responder a esta crisis una de las acciones es transformar nuestros sistemas energéticos.

Pero un gran problema en la Agenda 2030, según el asesor, tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 7:  Energía asequible y no contaminante, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Financiar la transición energética global y regional excede la capacidad de los gobiernos. Se requieren billones de dólares anuales, por lo que la participación del sector privado es imprescindible, aseguró Cáceres.

Las alianzas público-privadas (APP) atraen capital privado para financiar proyectos que de otro modo no serían factibles debido a restricciones presupuestarias públicas, proporcionando un alivio financiero a corto plazo. El sector privado puede identificar y desarrollar de manera más eficiente -según Cáceres- otras fuentes de ingresos del activo para financiar la inversión. Se producen ganancias por eficiencia a través de una mejor ejecución, operación y gestión del proyecto, y acceso a tecnología, aprovechando la eficiencia del sector privado para mejorar la calidad de la prestación de servicios públicos.

Sin embargo, también se observan limitaciones en las APP.  No funcionan bien en sectores de cambio rápido (como TI), sino que son más adecuadas donde existe una necesidad predecible a largo plazo (20 años o más). Además, la complejidad estructural de los proyectos APP genera elevados costos de adquisición. Los proyectos deben ser lo suficientemente grandes para justificar este aumento de costos (algunos países consideran APP solo para proyectos superiores a 20 millones de dólares).

Pero para abordar la transición energética, la cooperación público-privada es una solución.

Cáceres explicó que las empresas privadas controlan gran parte de la cadena de valor energética: desde utilities eléctricas hasta desarrolladores de proyectos renovables, pasando por empresas de tecnología, transporte, etc. Sin su involucramiento activo, la transición sería lenta o inviable.

Fondos de inversión, bancos comerciales, aseguradoras, todos -indicó el asesor de CLG Chile-, están reorientando flujos hacia proyectos verdes, pero necesitan marcos adecuados para entrar (seguridad jurídica, rentabilidad razonable). Las empresas son un actor clave porque muchas compañías han asumido compromisos de carbono neutralidad para 2050, lo cual impulsa demanda de proyectos limpios.

El cambio climático es un desafío que ningún gobierno puede abordar solo y de ahí la necesidad de las alianzas público-privadas en políticas climáticas.