En el esfuerzo por acelerar la transición energética en América Latina, uno de los desafíos más complejos es la gestión de conflictos sociales y territoriales, especialmente en proyectos que interactúan con comunidades indígenas. La falta de participación comunitaria y el insuficiente reconocimiento de las particularidades culturales pueden obstaculizar e incluso detener iniciativas energéticas estratégicas.

El proyecto hidroeléctrico Los Lagos de Statkraft en Chile ofrece un valioso caso de estudio sobre cómo abordar esta problemática a través de un compromiso ético que va más allá de las exigencias legales.

El desafío: Legitimidad social en un contexto de desconfianza

Statkraft se enfrentó a un escenario de alta complejidad en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, un territorio con una significativa presencia de comunidades mapuche-huilliche. El proyecto contaba con una aprobación ambiental obtenida antes de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en Chile, por lo que legalmente no se exigía una consulta indígena formal. Sin embargo, la empresa reconoció que la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto dependían de su legitimidad social y del establecimiento de una relación de confianza con las comunidades locales. Ignorar este factor representaba un riesgo no solo para la construcción de la central, sino para la reputación y las operaciones futuras de la compañía en la región.

La solución: El Proceso de Información, Consulta y Participación (ICP)

Para abordar este desafío, Statkraft implementó su propia metodología de participación, el “Proceso de Información, Consulta y Participación” (ICP Process). Esta iniciativa, que se extendió por más de tres años, fue diseñada para cumplir con los estándares corporativos de diálogo y, fundamentalmente, para identificar y gestionar los impactos del proyecto desde una perspectiva de pertinencia cultural.

El proceso fue intensivo y directo, involucrando a las comunidades indígenas y a sus autoridades ancestrales del área de influencia del proyecto. Se realizaron más de 300 reuniones y 61 visitas técnicas a la central Rucatayo, ya en operación, para que los participantes pudieran conocer de primera mano el funcionamiento de una instalación similar y expresar sus preocupaciones y observaciones en un contexto informado.

Resultados: De la prevención de conflictos a la creación de valor compartido

La aplicación del Proceso ICP demostró ser una herramienta eficaz para transformar un potencial conflicto en una oportunidad de colaboración. Al abrir un canal de diálogo transparente y respetuoso, Statkraft logró recoger percepciones culturales, espirituales y ambientales que eran cruciales para las comunidades.

Este entendimiento mutuo permitió avanzar hacia la fase de construcción del proyecto incorporando medidas concretas que respondían a las necesidades locales. Entre ellas, se incluyen el desarrollo de monitoreos ambientales participativos, la habilitación de accesos al río para usos tradicionales y la creación de espacios ceremoniales, respetando así la cosmovisión y las prácticas ancestrales de las comunidades mapuche-huilliche.

El éxito de esta metodología fue tal que Statkraft decidió mantenerla como una práctica permanente en la compañía. Este caso demuestra que la inversión en procesos de participación temprana y genuina no solo es una estrategia efectiva para la gestión de riesgos sociales, sino que constituye un pilar fundamental para construir una transición energética que sea verdaderamente justa, inclusiva y sostenible en el complejo mosaico sociocultural de América Latina.

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