Santiago, 10 de septiembre de 2024
En la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile se realizó la primera sesión del ciclo Tensiones al progreso económico frente a nuevos desafíos. Este primer encuentro en la FEN abordó el tema Chile y la institucionalidad ambiental, planteándose los retos en materia ambiental y las certezas que se requieren frente a importantes proyectos en un marco de cambio climático.
Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG Chile), con su directora ejecutiva María Teresa Ruiz-Tagle, fue parte de los invitados, junto a la directora ejecutiva Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán; el ex ministro de Medio Ambiente y cofundador de País Circular, Pablo Badenier; y el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización, Rafael Palacios. La conversación estuvo guiada por el decano de la FEN, José De Gregorio.
Valentina Durán, señaló que en un momento en que las confianzas son fundamentales, el eje de la gestión del Servicio está puesto en asegurar una evaluación técnica y de excelencia, presentando como dato que entre enero y agosto de este año ya han ingresado como inversión US$42 mil millones.
Frente a una triple crisis ambiental, dijo la autoridad, no es posible retroceder porque el medio ambiente es parte del capital natural, siendo un eje fundamental de la economía.
Mencionó cómo están trabajando en la construcción de certezas y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Además, cómo incorporar el cambio climático a través de una guía metodológica dando los pasos y qué escenarios deben considerar los proyectos.
Se refirió también Durán al proyecto de ley que lleva el Ministerio de Economía, el Sistema Inteligente de Permiso, que busca mejorar la situación de los permisos que llevan en algunos casos años de tramitación.
Respecto al proyecto de ley, Pablo Badenier, enumeró seis temas en los que habría consenso y que el proyecto no aborda: diversificar vías de ingreso de los proyectos; eliminar tipologías que ingresan al sistema recargándolo; consultas de pertinencia de ingreso deben estar más reglamentadas y dar más certeza; sacar consultas indígenas del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o dotar al Servicio de las herramientas necesarias; racionalización de permisos ambientales sectoriales y el pronunciamiento de los servicios; y separar proyectos estratégicos para evaluarlos a nivel central y no regional.
En tanto, Rafael Palacios, dijo que la tensión entre la política y lo técnico es una de las tensiones que está en los proyectos estratégicos. Esa tensión política no es suprimible, pero el diseño de política pública permitiría ordenarlo.
María Teresa Ruiz-Tagle mencionó que tanto la Ley Marco de Cambio Climático como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) comprometen a Chile con la carbono neutralidad al 2050. Y la reducción de emisiones se logra con inversión y proyectos que impliquen colaborar con la descarbonización de la economía, por lo tanto como estado se deben apoyar los proyectos en dicha dirección, lo cual no significa saltarse las barreras ni incumplir la regulación ambiental.
Hay proyectos de energías renovables, de almacenamiento, de minerales críticos y estratégicos para la transición energética, no sólo en el país sino a nivel global. Por eso, muchos países miran a Chile y es necesario agilizar los permisos y los proyectos estratégicos.
Ruiz-Tagle dijo que los proyectos de innovación verde serán desafío al estar en la frontera de conocimientos. Además, destacó la necesidad de una taxonomía verde, como parte de la institucionalidad ambiental, la cual se está trabajando por áreas para facilitar la inversión.
Explicó que parte de la institucionalidad ambiental es también el Artículo 6 del Acuerdo de París, pero reconoció allí una tensión específicamente con el Art. 6.2, mediante el cual se pueden firmar acuerdos de reducción de emisiones con otros países. Chile tiene un acuerdo con Suiza para una inversión en el sur del país, pero la reducción se la lleva el otro país y no Chile. Para que la reducción se quede en el país, en una mesa público-privada se conversó con el Ministerio de Medio Ambiente, definiéndose las áreas importantes para que Chile redujera sus emisiones. Así, se acordó la electromovilidad fuera de la región Metropolitana, el hidrógeno verde, los residuos, entre otras áreas que entregan mayor certeza al privado.
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