El proceso constitucional iniciado en Chile, derivado del Acuerdo por la Paz alcanzado el 15 de noviembre de 2019, entregó a 155 personas la responsabilidad de escribir una nueva constitución para nuestro país. Estas personas fueron elegidas en elecciones especialmente llevadas a cabo para estos efectos, en un proceso ejemplar, cuyas características de paridad de género y escaños reservados para personas de pueblos originarios le dan un carácter de representatividad inédito en el país, que está siendo observado por el mundo entero.
Los programas con los cuales se presentaron a la elección 110 de los 155 constituyentes, contienen menciones a ideas y compromisos relacionados con temas ambientales: biodiversidad, cambio climático, sustentabilidad, agua, ecología, derechos de la naturaleza, protección ambiental, contaminación, océanos, glaciares, humedales o turberas, zonas de sacrificio, etc; lo que muestra el interés que suscitan éstos en amplios sectores de la sociedad chilena, sin que sea identificable con un sector político u otro. No es de extrañar entonces, que una de las ideas que se escucha en las discusiones a todo nivel, sea la de entregarle derechos a la naturaleza.
Actualmente entendemos la importancia de la naturaleza, somos parte de ella, qué duda cabe. Citando al abogado constitucionalista Jorge Bermúdez, el medioambiente es “el lugar necesario para que el individuo se desarrolle, es decir, el espacio que necesita para que pueda desplegar sus potencialidades, en definitiva, el entorno necesario para alcanzar la mayor realización espiritual y material posible”.
Iluminador es al respecto el Informe The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, elaborado por el economista de la Universidad de Cambridge a solicitud del Ministerio de Hacienda británico, publicado en febrero pasado. El informe plantea que hemos incurrido en un fallo institucional al evaluar la prosperidad en función del PIB, con todo lo que ello implica respecto de los incentivos para aumentarlo. El informe plantea que, puesto que lo que transfiere a las generaciones futuras es la riqueza y no el ingreso, no es correcto usar una medida de flujo de dinero, como el PIB, sin considerar el stock de activos nacionales. Propone entonces modificar las cuentas nacionales y la legislación para medir lo que él llama “Riqueza Inclusiva”, que capture el capital financiero y producido, pero también las habilidades de la fuerza laboral (capital humano), la cohesión en la sociedad (capital social) y el valor del medio ambiente (capital natural), subrayando el papel esencial que desempeñan la biodiversidad y los ecosistemas en la provisión de muchos de los servicios que recibimos de la naturaleza, y de los que dependen nuestras economías, medios de vida y bienestar.
Sin embargo, otorgarle derechos a la naturaleza no es, necesariamente, la mejor forma de protegerla y, por el contrario, podría traducirse en eternas discusiones éticas y filosóficas en tribunales puesto que, a ese sujeto de derechos, otro sujeto de derechos, esta vez los seres humanos, necesitamos usarlo y explotarlo. Lo que requerimos es reconocer que su protección y cuidado es una condición necesaria para que las personas alcancemos nuestra realización material y espiritual, vinculando así la naturaleza con la finalidad del bien común.
El objetivo común de cuidar la naturaleza para el bienestar de la humanidad debiera ser parte de los principios fundamentales de la nueva Constitución, incorporando el deber del Estado -así como de los ciudadanos- de cautelarlo, dotándolo de una institucionalidad que haga posible que ello se haga realidad, para el bien de todos los habitantes de esta estrecha faja de tierra.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso. Edición Especial 194 años: “El ultimo rayo verde”, 12 de septiembre de 2021. Para ver la noticia haz clic aquí