Con el objeto de abordar temáticas medioambientales que resultan relevantes para el país, CLG-Chile inició una ronda de conversaciones con candidatos a constituyentes, expertas y expertos.
En la Constitución se debe ser lo más ambicioso posible respecto al cambio climático, dijo la abogada Pilar Moraga en encuentro con CLG-Chile
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El cambio climático es un tema tan transversal en políticas públicas y de tantos consensos que debe estar incluido en la visión país de la nueva Constitución. Por lo tanto, es preciso discutir esta Carta Magna a la luz del cambio climático. Así opinó Pilar Moraga, abogada del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, durante un encuentro con CLG-Chile, Líderes Empresariales por la Acción Climática.
Cuando se habla de cambio climático, se analizan los efectos en las generaciones futuras, por lo tanto este fenómeno debe considerarse como un paraguas cuando se piensa en la gobernanza de la naturaleza. Y como no existen fronteras cuando se aborda este tema, la abogada consideró que se debe ser lo más ambicioso posible en la Constitución. Además, abordar esta materia como desarrollo sustentable en las constituciones no es suficiente. Puede ser visto como un modelo capitalista que da márgenes muy amplios y no necesariamente incluye la carbono neutralidad. Hablar de cambio climático resulta mucho más ambicioso para la redacción de nuevas leyes y políticas públicas, consideró Pilar Moraga, quien también ha sido parte del grupo de asesores que ha apoyado el trabajo de la Comisión de Medioambiente del Senado en la tramitación de ley Marco de Cambio Climático.
La carbono neutralidad es un cambio de paradigma en el desarrollo, por lo tanto debemos ir por soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la mitigación y adaptación, pero también considerando la adaptación humana y de los ecosistemas. Es necesario buscar buenas políticas regulatorias para la carbono neutralidad.
Según Pilar Moraga, en este contexto el Estado debe dar incentivos claros para promover y ayudar a la carbono neutralidad. El Estado debe orientar su inversión hacia soluciones verdes, sustentables. Por ejemplo, dar espacio para la entrada de privados en materias de transporte urbano que estén alineados con la carbono neutralidad. Se debe establecer un puente con el sector privado que esté convencido de la relevancia del cambio climático.
Es preciso también fomentar un pacto de largo plazo con la ciudadanía, que involucre a las personas en las decisiones. Cuando se habla de un presupuesto de carbono, se habla de una distribución de cantidad de carbono en el tiempo entre personas, por lo tanto implica la asignación de un derecho, cuyo valor es altísimo y que afecta a las generaciones futuras, por eso se deben considerar también los deberes que ello implica.
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CLG-Chile conversó con la abogada Dominique Hervé sobre la importancia de incorporar el Tema Ambiental y el Cambio Climático en la nueva Constitución
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Chile ya está en camino hacia la elaboración de una nueva Constitución y un tema que no puede quedar fuera por su relevancia y por ser parte de nuestro diario vivir es el cambio climático. La nueva carta magna que regirá en nuestro país por los próximos 30 o 40 años debe consignar los derechos y deberes de los ciudadanos con la naturaleza y la sustentabilidad.
Líderes Empresariales por la Acción Climática, ha querido ser parte de este proceso conociendo los fundamentos que entregan abogados especialistas en esta materia.
En este contexto se realizó el encuentro con Dominique Hervé, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales. La abogada señaló que si bien la Constitución de 1980 incorpora el derecho a un medio ambiente sano –que en su momento fue algo novedoso-, ahora no es suficiente. Esta nueva ley fundamental debe incorporar a la naturaleza, la conservación ambiental, la distribución y el uso de los recursos naturales respecto de la propiedad privada y el cambio climático.
En la actualidad, la Constitución considera el derecho a adquirir cualquier bien, incluyendo bienes de dominio público, lo que genera una “privatización de la naturaleza”. Ese es el principal problema con la Constitución del ‘80.
Aunque, reconoció la abogada, hay dudas en cuanto a la naturaleza como sujeto de derecho, ya que es a la vez objeto, puesto que la usamos y explotamos para nuestro bienestar; es decir son las personas sujeto de derecho y no la naturaleza. Pero existe otro punto de vista que plantea un enfoque más ecocéntrico, es decir considerar los ecosistemas como parte de todos los activos que tiene una nación. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de dar cuidado a los servicios ecosistémicos y a la naturaleza, todos los cuales son demandables por la ciudadanía.
Por esto, según Hervé, un tema importante a trabajar en la nueva Constitución será respecto a la propiedad privada y cómo ésta puede ser limitada para proteger a la naturaleza.
La académica indicó que es momento de plantear un modelo de desarrollo en que el tema ambiental sea parte en la nueva Constitución, considerar cómo será la distribución de la propiedad de la naturaleza y cuál será el rol del Estado con respecto a ella, la concepción de desarrollo sustentable, acceso a la información, equidad y justicia ambiental.
Incorporar el cambio climático en la Constitución es una oportunidad que no debemos dejar pasar, puesto que le da fuerza política y se transforma en una obligación que el Estado, que deberá liderar reformas que vienen desde dentro de la Constitución, dijo Hervé.
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CLG-Chile conversa con candidatos a constituyente sobre propuestas ambientales para nueva Carta Magna
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En el marco del proceso constituyente que el país lleva adelante en busca de una nueva Constitución Política, CLG-Chile está organizando una serie de conversatorios con los candidatos a constituyente para conocer sus propuestas en torno a los temas climáticos y ambientales e intercambiar opiniones.
El agua y un desarrollo sustentable surgieron como los grandes temas eje de la conversación en las dos primeras reuniones sostenidas con el independiente por el Distrito 11, Clemente Pérez; y el demócrata cristiano por el Distrito 12 y académico de la FEN, Guillermo Larraín.
Según Clemente Pérez, el desarrollo sustentable debería estar como una declaración de principios de Chile en la nueva Carta Magna y destacó que ya en la actual Constitución se considerara “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. En el encuentro con Pérez se abordaron también temas como el derecho a la propiedad, la existencia de un tribunal constitucional, el Código de Aguas, la situación actual de estrés hídrico que vive gran parte del país, implementar realmente una patente por el no uso del agua y también la importancia y necesidad de medidas de adaptación al cambio climático.
Sin embargo, el candidato a constituyente señaló que en la Constitución no se puede hablar de lo específico, porque lo que se necesita es un “paraguas”. De ahí la idea del concepto de desarrollo sustentable como declaración de principio, que posteriormente oriente el accionar del sector público.
Para Clemente Pérez, el tema ambiental es parte de su propuesta y así lo consigna en su programa.
El candidato Guillermo Larraín, por su parte, dijo en el encuentro con CLG que su deseo es relevar la importancia del agua en la institucionalidad.
Planteó la necesidad de abordar el manejo del agua por cuencas, con derechos de aguas definidos en los casos en que la situación sea de “normalidad”, pero destacó la idea de crear una institucionalidad especial independiente, tipo Banco Central, en la que se analice y estudie el recurso agua en un horizonte de largo plazo, y cuyas estimaciones técnicas sean respetadas por todos. CLG le mencionó el ejemplo que existe hoy en la Región Metropolitana con el Fondo del Agua que está desarrollando The Nature Conservancy (TNC) con el Gobierno Regional y otros actores, entre los cuales también participa la organización.
