Uno de los tantos retos que impone el cambio climático es el del financiamiento para lograr la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Con el objeto de profundizar en esta materia, el Ministerio de Hacienda de Chile y el World Resources Institute (WRI), junto al Ministerio de Finanzas de Fiyi, la Asociación NDC y CLG-Chile, Líderes Empresariales por la Acción Climática, organizaron un evento paralelo en la COP27.

La actividad, “Estrategias gubernamentales eficaces para financiar la aplicación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”, se desarrolló en el Pabellón de Chile y contó con la presencia de  Carola Moreno, Jefa de Asuntos Financieros e Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile;  Prelish Lal, Oficial de Finanzas Climáticas del Ministerio de Finanzas de Fiji;  Teresa Ruiz-Tagle, Directora Ejecutiva de CLG-Chile; Amanda McKee, Directora de Conocimiento y Aprendizaje de NDC Partnership; y Gaia Larsen, Directora de Acceso y Despliegue de la Financiación Climática del WRI. Moderó la conversación Natalia Alayza del WRI.

La conversación giró en torno a una primera pregunta general para todos los participantes: ¿Cuáles son los principales retos para aumentar y alinear la financiación climática hacia la implementación de las NDCs?

Las respuestas fueron múltiples. La primera sensación es que hay una falta de entendimiento frente a la necesidad de dirigir los flujos financieros hacia la implementación de la NDCs; tanto para la mitigación como para la adaptación.

Se precisó que es necesario destacar los beneficios como un negocio sostenible con buenas oportunidades de mercado, y también destacar los costes de no hacerlo; no sólo como costes de reputación, sino también en términos de pérdida de oportunidades de mercado.

El sector público, por otra parte, tiene que dar los incentivos adecuados al sector privado, delimitando claramente las reglas del juego. Se ha hecho mucho con los sectores de la energía y el transporte, no así  con el sector agrícola.

Surgió también como una necesidad que todos se orienten en la misma dirección en cuanto a las diferentes políticas. No es posible tener políticas que apoyen la NDC y otras que vayan en contra, como por ejemplo la subvención a los combustibles fósiles. En ese sentido, la Ley de Cambio Climático en Chile (2022) es una legislación clara que hará que toda la economía se alinee con la NDC. Pero la implementación recién comienza, lo cual será clave.

Se destacó que el acceso a algunos de los fondos climáticos para la mitigación y la adaptación todavía tiene altos costes y hay necesidad en mejorar la creación de capacidades y las transferencias tecnológicas. Aunque las grandes empresas no tienen problemas para acceder a la financiación para llevar a cabo proyectos, la cuestión es cómo hacer más atractivas las iniciativas climáticas, gracias a las mejores condiciones financieras.

La pregunta es cómo atraer el capital. No sólo para desviar el capital de las actividades que se quieren desalentar (a través de la limitación y el comercio y el impuesto sobre el carbono), sino también cómo atraer el capital a las actividades que se quieren fomentar (créditos fiscales, garantías de préstamos, capital inicial, divulgación obligatoria de información sobre el clima, asociación público-privada).

Rol del Sector Privado

Posteriormente, se dirigieron a CLG-Chile las siguientes consultas: ¿Cómo visualiza el papel del sector privado en la financiación climática, particularmente en la financiación de la adaptación?, ¿cuáles son las principales barreras para que el sector privado invierta en actividades vinculadas al cumplimiento de los compromisos climáticos? y ¿cómo se pueden abordar?

La directora ejecutiva, Teresa Ruiz-Tagle, explicó que el sector privado tiene que ser un movilizador clave de la financiación climática, tanto para las iniciativas de mitigación como para las de adaptación: las iniciativas de mitigación no sólo serán impulsadas por la regulación nacional, sino también por la internacional.

Para ella, la adaptación está muy vinculada al territorio donde se encuentran las empresas. La conexión con las comunidades locales es crucial para validar las medidas de adaptación. Tenerlas en cuenta podría ayudar a las empresas a tener un mayor abanico de fondos de financiación climática a los que optar. “Nos estamos quedando atrás en las iniciativas de adaptación; hay una falta de comprensión respecto de la magnitud y la velocidad de la crisis climática”, aseguró Ruiz-Tagle.

Según la ejecutiva, se observa una barrera: Los riesgos climáticos tienen que ser abordados e internalizados adecuadamente, las empresas tienen que aprender a lidiar con ellos, como cualquier otro riesgo al que se enfrentan. Pero van con retraso.

Para esto la solución está en la divulgación obligatoria de los riesgos climáticos a través de los requisitos públicos, porque dan los incentivos adecuados para hacerlo. Además, la provisión de mejores datos para trabajar es algo en lo que el gobierno podría aportar como una provisión de bien público. De hecho, un problema es la armonización de los requisitos de divulgación y datos limitados y granulares. ARCLIM surge como una buena iniciativa.

Los mecanismos de reparto de riesgos también pueden ayudar a reducir los riesgos a los que se enfrenta el sector privado, fomentando así la inversión, y el sector público podría contribuir a ello.

Las garantías de préstamos pueden ser una herramienta útil para movilizar las inversiones privadas y reducir los costes de financiación de los proyectos. Las garantías pueden reducir los costes de financiación de los proyectos, por ejemplo, reduciendo las tasas de interés. De hecho, existen diferentes instrumentos para fomentar la financiación privada: tarificación del carbono, garantías de préstamos, capital catalizador, créditos fiscales, asociación pública y privada (PPP, por su sigla en inglés), divulgación obligatoria de los riesgos climáticos, etc.

Para Teresa Ruiz-Tagle hay un gran desafío que es el reverdecer la cadena de suministro. “Es un reto enorme, pero es la única manera de lograr la NDC. El papel del sector privado y de las grandes empresas es clave. Tienen que dar las señales adecuadas en sentido descendente, pero con tiempo para poder adaptarse”, señaló.

Una buena opción para las empresas son los bonos verdes; pero principalmente para las grandes. La verificación por parte de terceros sigue siendo una gran barrera para algunos emisores más pequeños.

Desde CLG-Chile se recomendó utilizar las finanzas públicas para atraer también a la inversión privada, aprovechando al máximo los instrumentos políticos de que se dispone. Y porque el objetivo final es una transición climática justa, cada economía tiene que elegir su propia combinación de políticas para alcanzar dichos objetivos.