Casi cinco años estuvo Thomas Keller, gerente general de Colbún, a la cabeza de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG Chile. Asumió en enero de 2017 y hace un par de semanas lo reemplazó Mónica Duwe, gerenta general de HSBC. Comenta que bajo su gestión pasaron de ser diez a 20 empresas socias, el grupo se transformó en un interlocutor “válido ante las autoridades y otros actores de la sociedad en materia de política y acción climática” y delinearon propuestas para avanzar hacia “una economía baja en carbono y más resiliente al cambio climático”.

En julio pasado, CLG Chile envió una carta abierta a los ministros de Energía, Juan Carlos Jobet; Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y Hacienda, Hernán Briones, donde propuso ocho medidas para cumplir los compromisos ambientales de Chile en el marco del Acuerdo de París. Entre ellas, la electrificación del transporte público y privado; modificar la normativa para permitir el uso de madera en vivienda pública y privada; priorizar programas de creación de empleo en industrias golpeadas por la crisis, pero con oportunidad de reducción de emisiones; fomentar la instalación de tecnologías bajas en emisiones como hidrógeno verde mediante fondos de capital o de garantía concursable, y reducir los plazos de permisos ambientales a proyectos de energías renovables y de eficiencia energética.

-Algunas de las propuestas de CLG se abordan en el plan de inversión pública que destina 30% a proyectos verdes. ¿Cómo lo evalúa?

-Hay señales que apuntan a avanzar hacia una economía más resiliente climáticamente. Hay algunas cosas que quedan pendientes, por ejemplo, una electrificación masiva del transporte. De las medidas que proponemos, una de las más costo eficientes es la descarbonización del transporte. No, olvidemos que este sector -incluidos vehículos privados- representa hoy el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero y entendemos que es un proceso políticamente complejo. Si queremos como país y como economía mundial avanzar decididamente hacia una descarbonización de la economía, es ineludible hacerse cargo de las emisiones de este rubro, esto no sólo generaría una reducción en las emisiones, sino también de contaminantes locales. Sin esto, es difícil que se avance decididamente en cumplir con el Acuerdo de París.

-¿El esfuerzo de descarbonización se ha centrado solo en el sector energético? Le ha tocado de cerca este proceso como gerente general de Colbún.

-El sector eléctrico está haciendo la pega. En mi opinión está en una posición de liderazgo en descarbonizar la economía. Está el acuerdo que se firmó el año pasado, donde se compromete a no instalar más centrales en base a carbón y se fija un derrotero para descarbonizar el sector. Por lo tanto, estamos viendo que las inversiones del rubro están concentradas exclusivamente en energías renovables.

-¿Se debe avanzar en paralelo en transporte? ¿Qué falta?

-Está la necesidad de impulsar la electrificación del sector de forma más agresiva y eventualmente también considerar los efectos que tiene sobre las emisiones de Co2 el consumo de los autos particulares y el transporte en carretera, etc. Aún no vemos que exista una política explícita para reducir estas emisiones y hay distintos instrumentos para hacerlo.

-¿Aplicar impuestos? ¿Subir el impuesto al diésel, por ejemplo?

-Es importante que si vamos a usar el instrumento del impuesto para desincentivar la generación de gases de efecto invernadero, no se debiera discriminar por sectores y debiera aplicarse a todas las fuentes que emitan Co2. Esto es la manera consistente, aunque no políticamente más fácil, de hacerse cargo de este desafío de disminuir las emisiones de Co2. El transporte tiene que hacer su contribución porque representa una proporción importante de las emisiones

-El Pacto Verde Europeo también busca avanzar en esta línea.

– Así es. Es importante reconocer que el cambio climático es un problema global. Tener una economía chilena más resiliente a sus efectos requiere que no sólo nosotros hagamos una contribución que está comprometida en las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), pero dependemos de que todos los países hagan lo mismo, de lo contrario, no sacamos nada. Es clave avanzar a nivel mundial en políticas y en precios del carbono que no se concentren en algunos países y que se asegure que venga acompañado por medidas en todos los países, especialmente en los que más emiten. Si sólo se grava un impuesto verde en Chile, disminuye la competitividad de nuestra industria.

También tenemos una preocupación respecto del estancamiento que ha habido en la negociación del artículo 6 (que regula los mercados de carbono)del Acuerdo de París.

-¿Y cómo se puede avanzar para lograr la aprobación del artículo 6° en la próxima COP26?

-Está pendiente desde hace bastante tiempo y sencillamente refleja lo difícil que es aunar criterios y que todos los países participen en los esfuerzos e inversiones que hay que hacer para disminuir en forma significativa -y de acuerdo a los objetivos del Acuerdo de París- las emisiones de gases de efecto invernadero.

Veo poco avance, si vemos el panorama a nivel mundial hay muchos países que no tienen ningún impuesto verde. La única forma para disminuir las emisiones es que haya un precio mundial uniforme de carbono y eso explica el por qué ha sido tan difícil consensuar todo lo que tiene que ver con el artículo 6.

Empresas y Constitución

-¿Cuál es el rol que deben asumir las empresas para transitar hacia economía libre de carbono?

-Las empresas que participamos en el CLG estamos comprometidas con hacer propuestas y en ser protagonistas en tomar medidas para lograr una economía baja en carbono, en función de sus posibilidades. Lo que tenemos en común es la convicción de que como empresas tenemos un rol que jugar y estamos comprometidos a implementar medidas en el tiempo para ir reduciendo nuestra propia huella carbono.

-A nivel de CLG o en el ámbito personal, ¿cree que es necesario ampliar los principios de protección al medio ambiente en la nueva Constitución? Por ejemplo, ¿se debe asegurar un crecimiento sostenible?

-No lo hemos discutido a nivel de CLG, es un tema que nos va a convocar a la discusión en los próximos meses.

A título personal, creo que ese nivel de especificidad tiene que darse a nivel de las leyes, no constitucional. La Constitución debe dar ciertos criterios generales, no ser tan específica. Los países que tienen estándares ambientales rigurosos no lo establecen en la Constitución, sino en las regulaciones, ese es el espacio.

Fuente: Diario Financiero, ver noticia completa aquí