Gestionar los riesgos derivados del cambio climático y la crisis de biodiversidad, surgió como uno de los desafíos para las personas, empresas, gobiernos y sistema financiero en el encuentro “Medio Ambiente y Modelo Económico” que LEXEN organizó como parte del ciclo de charlas “Debates sobre el borrador de la Nueva Constitución”.
El centro formado por las Facultades de Economía y Negocios y Derecho de la Universidad de Chile, invitó a conversar sobre la Institucionalidad del cuidado de la naturaleza: el caso de los recursos hídricos; y Naturaleza como titular de derechos y desarrollo económico.
Se reunieron en esta ocasión Pilar Moraga, abogada y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; María Teresa Ruiz-Tagle, economista y asesora senior de CLG-Chile; Annie Dufey, economista y directora de Espacio Público; Ezio Costa, abogado e investigador de RegCom; y Ximena Insunza, abogada y subdirectora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Guio la conversación, Guillermo Larraín.
Pilar Moraga destacó que el borrador de la llamada Constitución Ecológica contiene la protección ambiental y de la naturaleza de manera transversal, lo que la hace novedosa e inédita.
Mencionó como un aspecto interesante la naturaleza constitucional del agua respecto de los bienes comunes naturales y en el caso del agua su condición de inapropiable e incomerciable.
Para ella es también importante el Principio de Acción Climática Justa, que plantea transitar hacia una economía baja en carbono, pero sin olvidar los grupos más vulnerables. Ese tránsito no se puede concebir sólo con consideraciones ambientales, sino debe considerar también las sociales.
Ezio Costa puso su mirada en los bienes comunes naturales y derechos humanos ambientales. Para él la novedad está en el Derecho de Acceso a la Naturaleza (uso de espacios naturales), lo cual está muy conectado con los bienes comunes naturales. Hay una modificación a cómo se han entendido este tipo de bienes en el derecho occidental, pese a que no es una institución nueva.
Costa hizo el alcance entre bienes comunes naturales apropiables e inapropiables, en que los deberes del Estado son distintos. Si bien en ambos, el Estado es custodio, en el caso de los inapropiables se refiere a una preservación, conservación y restauración de manera directa por parte del Estado, además de un deber de administración democrática, solidaria, participativa y equitativa. En el caso de los bienes apropiables, el Estado debe regular para que ese uso y goce que tengan los privados esté en línea con la necesidad de preservarlos, conservarlos e incluso restaurarlos.
La mirada desde los negocios vino de parte de María Teresa Ruiz-Tagle. Mencionó el Informe Dasgupta y el hecho de que la alarmante disminución de biodiversidad, genera riesgos para nuestro sistema de vida. Es menos costoso conservar nuestra naturaleza que restaurar una vez que está dañada y por eso los riesgos deben gestionarse adecuadamente.
Según la economista, se deben reorientar los flujos financieros. Una mayor biodiversidad reduce los riesgos e incertidumbre dentro de una cartera de activos naturales. Y para ello se necesitan regulaciones que permitan poner precios correctos.
Ximena Insunza, por su parte, puso el énfasis en la defensoría de la naturaleza y que se lleve a nivel constitucional el deber de responsabilidad respecto al daño ambiental.
Para Annie Dufey, reconocer que la crisis climática tiene un efecto amplificador de las vulnerabilidades es importante. Destacó los altos costos económicos del cambio climático para Chile y por eso es relevante avanzar hacia un texto constitucional más integral, generando armonía en el desarrollo de la sociedad con la naturaleza. También, dejó planteadas varias interrogantes respecto al agua y cómo afecta al desarrollo productivo.
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