El ciclo de tertulias “Un Café por París”, organizado por una colaboración entre la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG-Chile), el Ministerio de Energía y el proyecto PMR-Chile del Banco Mundial, es un espacio creado para fomentar el diálogo informado en la ciudadanía. En esta octava versión se abordó el tema de las finanzas verdes y su rol en la mitigación al cambio climático.
Constanza Montes, representante de GIZ, abrió la sesión invitando a reflexionar sobre el aporte que el sector financiero puede cumplir en moldear la visión corporativa de las empresas y los principales obstáculos y desafíos que presenta su implementación en Chile, para afrontar la mitigación y adaptación al cambio climático.
La apertura a la discusión fue realizada por Carolina López, Representante en Chile de la Iniciativa Financiera del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP FI) y Lucy Pamboukdjian, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago, quienes han trabajado para instalar este tema en la región y en Chile. En este contexto, Carolina López explicó cómo las finanzas sostenibles, se han ido perfilando para responder a problemas sociales, ambientales y climáticos, abriendo espacios a productos y servicios sostenibles. Señaló que el proceso que estamos viviendo cambia el foco. No sólo se busca financiar una economía baja en carbono, sino, también abordar los otros objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En este proceso, los organismos multilaterales como BID, Banco Mundial y Bancos Centrales de cada país, han tenido un rol importante, apoyando al sector financiero en la reorientación de sus instrumentos e inversiones a proyectos de cambio climático, integrando nuevos estándares de desempeño de las empresas. Con esto, el sistema ha evolucionado de manera más rápida para la creación de instrumentos de líneas verdes, apareciendo los bonos verdes y sociales, ESG loanes, entre otros.
Por su parte, Lucy Pamboukdjian, comentó el rol que ha tenido la Bolsa de Santiago a nivel nacional, y cómo ésta ha promovido las finanzas verdes en el mercado financiero, realizando acciones de difusión de información y generación de capacidades para el sector. En este ámbito, la Bolsa está activamente apoyando la apertura de proyectos con sello ambiental, mediante la búsqueda de fondos y recursos alineados con estos propósitos. Si bien, la existencia de estos recursos es aún escaza, hay ciertos avances como el bono social y verde lanzado el 2018 al mercado chileno.
Ambas invitadas concuerdan que, si bien los avances son discretos, hoy están dadas las condiciones para profundizar y diversificar instrumentos de finanzas verdes a fondos de inversión, AFPs, aseguradoras y bancos, debido a la presión de la opinión pública, y la positiva valoración que los consumidores tienen del tema de la sostenibilidad. El desafío se presenta en articular el encuentro entre inversionistas, emisores y las empresas, en la creación de este nuevo mercado bajo en carbono, para que las empresas que demuestran preocupación medioambiental puedan incorporarlo a sus estrategias corporativas.
A nivel macro, se hace una revisión sobre la instalación de las finanzas verdes a nivel latinoamericano. En esta área, Brasil ha sido el pionero en la región, implementando en 1995 el primer protocolo verde de la región, que implicó el establecimiento de un acuerdo voluntario entre los Ministerios de Medioambiente, Hacienda y otros, con Bancos, promoviendo la sustentabilidad a nivel corporativo en los ejes de riesgos ambientales y sociales, eco-eficiencia corporativa, y el financiamiento de servicios y productos verdes. También, en 2014 el Banco Central creó un cuerpo regulatorio de responsabilidad socioambiental de la banca. Trayectorias similares han seguido Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, entre otros, en donde cada país ha ido desarrollando respuestas ajustadas a la realidad local.
El caso de Chile aparece con bastante rezago respecto de los países en la región. Se plantea que el país aún se encuentra en una etapa de búsqueda de señales al mercado, donde ha sido relevante la difusión y transferencia de conceptos. Esto se conjuga con un bajo nivel de entendimiento de los inversionistas sobre el impacto de los riesgos sociales y ambientales. Respecto de esta lenta transformación, existen distintas visiones. Por un lado, se observa desde una vereda más optimista, un cambio de discurso en el sector financiero, AFPs y aseguradoras. Sin embargo, se reconoce que estos organismos tienen incentivos para cumplir rentabilidades con sus cotizantes que los retrae de contar con carteras de inversión verdes. Algunos ejemplos de estos avances son dos fondos signatarios de PRI (Principios de Inversión Responsable) y el financiamiento de Banco Estado para proyectos de energías renovables. Por otra parte, con una visión más pesimista, se plantea una baja voluntad del sector financiero a nivel nacional por incorporar instrumentos verdes que tengan una bajada concreta en el mercado, por lo que se sugiere elaborar un cuerpo regulatorio que genere los incentivos necesarios, pero no como el único driver para gatillar esta transformación, si no que complementado con una buena socialización del tema en su lenguaje.
Como elemento central del debate, se concuerda que la mayor complejidad presente en este proceso está puesta en la tensión que genera al sector financiero, el manejo del riesgo y aumento de la rentabilidad de acciones y fondos, sin contar con información que permita monetizar los riesgos e integrarlos de manera concreta en sus análisis de rentabilidad. La pregunta que se hace es, “¿cómo las instituciones financieras van a poder determinar los riesgos asociados a las operaciones de la empresa y como se enfrentan a las futuras regulaciones?”, siendo que aún falta información actualizada, estandarizada y confiable para cuantificar los costos de estos riesgos asociados al cambio climático. Además, desde una perspectiva cualitativa, falta articular un discurso racional financiero y concreto, que permita llenar de contenidos los conceptos “verdes”, para evaluar los impactos y prevenir el green washing o las malas prácticas corporativas.
Entonces, ¿cómo nos movilizamos hacia la acción?
Para alcanzar una transición justa, las finanzas verdes debieran movilizar y escalar hacia acciones climáticas reales y desde distintas perspectivas.
Desde un enfoque institucional, se deberá tender hacia una mayor transparencia, mostrando los riesgos y cómo estos impactan los costos de las empresas. Como se señaló, uno de los principales problemas es la falta de información confiable, para lo cual se sugiere crear una línea de base solicitando reportes simplificados, donde se valorice el impacto que tiene el cambio climático de manera individual en cada empresa, reportes desde la cadena de abastecimiento (supply chain), y que el sector público dé a conocer las regulaciones en evaluación, para prospectar los riesgos futuros. Una vez que se logre estandarizar esta información, los inversionistas podrán crear modelos y algoritmos robustos para integrar en sus análisis.
A nivel de política pública y regulación, el desafío es disponibilizar estos instrumentos a los sectores más vulnerables y que, por lo tanto, requieren de esta inversión con más urgencia. Un ejemplo de esto, es la transición de la calefacción en el sur, los cambios productivos en la agricultura o los riesgos de inundaciones. ¿De qué manera se podría orientar la inversión pública y privada a estos sectores? Un camino factible habría sido el uso del Índice de Riesgo de Desastres, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero este no incorporó variables de cambio climático. De igual forma, se considera que, en todos los proyectos de largo plazo, debieran considerar ciertos eventos dentro de los riesgos y costos, debido a la inestabilidad existente. El desafío de policy makers será de articular a públicos y privados sobre los criterios de medición.
En tanto, a nivel productivo, se considera importante conectar la oferta y demanda de los de créditos y bonos verdes a proyectos sustentables en PYMES, para crear un mercado de productos y servicios sustentables. Se señala en este punto que la emisión de bonos verdes está aún lejos de impactar a un segmento importante de la economía que requiere de instrumentos financieros que premie sus prácticas de sostenibilidad ambiental.
Finalmente, se ve al sector financiero como una pieza clave para la transición baja en carbono, ya que, en opinión de los participantes, cuando éste se mueve todo se mueve aguas abajo. Este tipo de medidas y discusión sobre las finanzas verdes en Chile, son un insumo central para aprovechar la oportunidad que ofrece la obligación de elaborar una estrategia financiera que es parte de los compromisos a cumplir con el Acuerdo de París.