¿Cuál es el marco regulatorio más adecuado para garantizar la protección efectiva la naturaleza y el medio ambiente? Si es la Constitución, ¿debe la naturaleza ser catalogada como un sujeto jurídico con sus propios derechos? Fueron las preguntas con la que partió el cuarto y último panel “Derechos de la naturaleza” en el marco de la iniciativa Diálogos sobre Constitución y Medio Ambiente, organizada por CLG-Chile, SOFOFA, CORMA, AndessChile, Consejo Minero, Acción Empresas, Pacto Global, AmCham, Generadoras de Chile y Transmisoras, con la colaboración de País Circular.
En esta ocasión los convocados fueron Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG-Chile; Patricio Leyton, profesor de Derecho Administrativo y Ambiental de la Universidad de Chile; Eduardo Gudynas, investigador CLAES; y Jorge Femenías, profesor de Derecho Administrativo y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica. La moderadora fue Paula Estévez, Gerente General de AmCham Chile, quien destacó que esta iniciativa de diálogos tiene como objetivo aportar a la Convención Constitucional en temas relativos al desarrollo sostenible.
Pese a que no hubo un consenso manifiesto sobre otorgarle derechos a la naturaleza en la nueva Constitución, sí quedó el desafío de buscar la mejor herramienta para protegerla.
Marina Hermosilla abrió las exposiciones citando el Dasgupta Review, en el que se plantea que somos parte y dependemos de la naturaleza; y resalta la importancia de la biodiversidad, que cumple el rol de darle resiliencia a la naturaleza, le permite adaptarse a los cambios, disminuir el riesgo e incertidumbre. Explicó que nuestra demanda de alimentos, productos, es mayor que la oferta de bienes y servicios que nos aporta la naturaleza y su capacidad de procesar nuestros desechos, por lo que estamos frente a un problema ambiental y también económico, que es estructural.
Según este informe, la biodiversidad ha disminuido más rápido que nunca en la historia de la humanidad, y que cuidarla sería ser mucho menos costoso que reparar después. Además, nos permitiría abordar otros problemas, como el cambio climático y la pobreza. Por eso –concluyó la ejecutiva- es muy importante darle valor a la naturaleza, incluyendo en la Constitución el desarrollo sostenible dentro del cual se incluye el desafío climático.
Jorge Femenías puso el acento en la necesidad de derribar mitos respecto a la actual Constitución que, manifestó, tiene una profunda vocación ambiental. Agregó que es el respeto por los derechos de la persona humana es el espacio que nos permitirá desarrollarnos con dignidad. El sujeto de derecho debe ser el ser humano, porque las leyes de la naturaleza no tienen relación con las del ser humano, agregó.
Eduardo Gudynas, destacó la oportunidad que se da al ser ésta la primera constitución a nivel mundial que se escribe en medio del Covid, estando en una crisis ecológica de cambio climático y sumado a problemas ambientales muy propios dentro del territorio nacional. Mencionó las zonas de sacrificio, la escasez de agua, el estallido social que se levanta por varios de estos temas; por lo tanto, el derecho de la naturaleza puede permitir resolver el tema del daño ambiental y hacerse cargo, por ejemplo, de una compensación con infraestructura o con medidas de restauración de la naturaleza. El derecho de la naturaleza no está en conflicto con otros derechos, planteó. Esta Constitución permite la entrada intercultural respecto a la naturaleza bajo sus distintas culturas, tradiciones e idiosincrasia.
Patricio Leyton planteó la importancia del acuerdo existente respecto a la necesidad de un modelo de desarrollo sustentable; y agregó que si bien la Constitución del 80 fue adelantada en su tiempo respecto a la visión ambiental, hoy es anticuada. Ahora se deben redefinir los próximos 40 años, cambiando la mirada de la lógica del derecho individual hacia el derecho colectivo. Planteó la necesidad de garantizar derechos, y que uno de los grandes desafíos para ello es definir una institucionalidad adecuada.
Leyton agregó que los grandes ejes sobre los cuales es necesario buscar acuerdos son: los recursos hídricos, el ordenamiento territorial y del “maritorio” -incluyendo el borde costero-, los temas indígenas, la participación ciudadana, la defensa ambiental y el rol de los municipios.
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